El informe del MPF confirma que la concesión de licencias para centros de datos TikTok en Ceará es irregular e insuficiente 

Un peritaje técnico del Ministerio Público Federal (MPF) confirmó las denuncias del pueblo indígena Anace ante organizaciones de la sociedad civil: la licencia ambiental del mega centro de datos de TikTok, en Caucaia (CE), sí lo es técnicamente inadecuado, insuficiente e inaceptable.

El informe, elaborado por el Centro Nacional de Experiencia del MPF, concluye que el proyecto IO com capacidad instalada de hasta 300 MW, Mayor consumo de energía que 99% de ciudades brasileñas, y uso diario de unos 88 mil litros de agua — no podría haber obtenido la licencia a través de Informes Ambientales Simplificados (RAS). Según la experiencia, la magnitud del proyecto requiere Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA/Rima), audiencias públicas y amplia participación social.

La pericia se determinó en el contexto de las representaciones presentadas ante el Ministerio Público Federal, incluyendo una iniciativa previa ya en los expedientes y, posteriormente, la manifestación presentada por líderes del pueblo indígena Anace, con las organizaciones Instituto de Protección al Consumidor (Idec), Instituto Terramar, Laboratorio de Políticas Públicas e Internet (Lapin), Oficina de Derechos Humanos y Asesoría Jurídica Popular Frei Tito de Alencar e Instituto de Investigaciones en Derecho y Tecnología de Recife (IP.rec), que alertó al MPF sobre los riesgos socioambientales, energéticos, hídricos y territoriales de la empresa, además de las irregularidades en el proceso de concesión de licencias Noace.

Entre los defectos señalados por el experto se encuentran el falta de pruebas de la viabilidad hídrica del proyecto, el fraccionamiento indebido del proceso de licenciamiento ambiental y a omisión de impactos acumulativos y sinérgicos de las estructuras asociadas, como la línea de transmisión de 230 kV, la subestación eléctrica, los generadores diésel y sus sistemas de almacenamiento de combustible, el sistema de refrigeración y la planta de tratamiento de aguas residuales. El informe afirma además que se concedió la licencia sin subvención por uso de agua, desafiando los principios constitucionales de prevención y precaución ambiental, así como el deber de proteger adecuadamente el medio ambiente.

Estas fallas, según el propio MPF, no sólo afectan los territorios directamente impactados, sino que también generan pérdidas para el consumidor brasileño, al agravar la escasez de agua, intensificar la vulnerabilidad climática y presionar sistemas esenciales como el agua y la energía. En un escenario de fragilidad hídrica en la región, la instalación de un emprendimiento altamente intensivo en recursos naturales, sin estudios técnicos adecuados, puede aumentar los riesgos de inseguridad alimentaria, aumentar los servicios esenciales y profundizar las desigualdades en el acceso a bienes básicos. 

Para el pueblo Anace, el proceso revela una lógica histórica de imponer grandes proyectos en sus territorios. “Una vez más intentan decidir sobre nuestra tierra sin escucharnos. El informe muestra que la licencia es defectuosa, pero el error comienza antes: nadie preguntó a nuestro pueblo si este proyecto podría existir aquí”, dice el jefe Roberto Itaicaba, líder del pueblo Anace de Japuara.

Las organizaciones afirman que, si bien el informe señala claramente los problemas en materia de licencias ambientales, ya no aborda un defecto central: la falta de consulta con las comunidades indígenas y tradicionales de la región. El proyecto actual sólo prevé reuniones comunitarias después de la expedición de la licencia, cuando las obras están en curso, vaciando por completo el derecho a la consulta. 

El propio informe admite que este punto quedó fuera de análisis, pues fue asignado al Asesor Nacional de Experiencia en Antropología (ANPA). Esto, sin embargo, no reduce la gravedad del problema. Por el contrario, demuestra que la licencia ha avanzado sin respetar un derecho básico de estas comunidades. El Ministerio Público Federal refuerza este entendimiento defendiendo la anulación de la licencia y la realización de la consulta a los indígenas Anace ante cualquier avance del proyecto.

En resumen, la experiencia desmantela la narrativa de que se trata de una empresa simple o de bajo impacto. Ahora, corresponde a las agencias públicas actuar para suspender esta concesión de licencias e impedir que avance la expansión de la infraestructura digital en Brasil a expensas de los derechos, el agua y la energía de las comunidades.